El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley “Crea y Crece”, de creación y crecimiento empresarial, que permitirá la formación de una sociedad con un euro y de manera rápida y telemática.
De hecho, Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta Ley surge para impulsar la creación de empresas y su crecimiento rebajando el capital necesario para registrar una Sociedad de Responsabilidad Limitada desde los 3.000 euros al euro testimonial.
Por otro lado, la regulación incluye ciertas medidas para los acreedores y configura un régimen más flexible que el actual régimen de formación sucesiva, que se elimina. Y, con esto, se promueve la creación de empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir los tiempos de constitución y los costes registrales y notariales.
Otro de los puntos a destacar de la nueva ley es la lucha contra la morosidad comercial. Por esto, el proyecto de ley contempla que las empresas que no cumplan con los plazos de pago no podrán ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de subvenciones públicas, en un momento marcado por la llegada de los fondos europeos.
Esta iniciativa se enmarca en el Componente 13 de ‘Impulso a la Pyme’, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con el que se pretende mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.
Tras sacar a consulta pública la ley el pasado mes de julio, el Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto para que inicie los trámites parlamentarios pertinentes y cumplir así con el compromiso adquirido con Bruselas.
Obligación de expedir y remitir factura electrónica
La obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos es para garantizar una mayor trazabilidad y control de pagos.
Según la vicepresidenta primera, esta medida no sólo reducirá los costes de transacción y supondrá un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, sino que permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.
Finalmente, se creará en el plazo de seis meses un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.
Mejora de la eficiencia del marco regulatorio
Además, el anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.
También se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia y, se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
Al mismo tiempo, se ha habilitado la nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios para elaborar una nueva ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y la posible adopción de otras en colaboración con otras Conferencias sectoriales.
Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para reforzar la cooperación entre las distintas Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y eficacia.
Impulso al ‘crowdfunding’ y otros instrumentos de financiación
La norma añade medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativo a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.
En este ámbito, la nueva Ley adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa.
Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión.
Asimismo, se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico. Se amplian las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto afectada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.
