Según cálculos de Expansión, que se basan en estadísticas oficiales e información facilitada por las diversas instituciones, los fondos soberanos han invertido en total unos 75.000 millones de euros en la economía española. Entidades estatales de Noruega, Japón, Singapur, Arabia Saudí, Qatar y UAE (Abu Dabi) están ganando posiciones en el Ibex, en bonos del Tesoro y en sectores clave como energía, telecomunicaciones e inmobiliario.
Una parte importante está en manos de Norges Bank Investment Management (NBIM), la organización creada por el Gobierno noruego para invertir los ingresos procedentes de la venta de los hidrocarburos. Sus inversiones en la economía española ascienden a 20.000 millones de euros, de los que unos 11.200 millones están invertidos en Bolsa (por ejemplo, en participaciones significativas en Unicaja, Repsol y Solaria), otros 7.800 millones en bonos (más de la mitad en deudas del Tesoro), y el resto en activos de energías renovables (a través de una alianza con Iberdrola) e inmobiliarios (mediante su sociedad conjunta con Prologis).
Menos conocida la actividad del gigantesco plan público de pensiones japonés (GPIF), que en realidad es el mayor fondo soberano del mundo por el valor de sus activos. También tiene unos 20.000 millones de euros en España, pero los reparte de forma muy diferente: alrededor de un 85% está colocado en deuda pública y sólo el 15% en Bolsa.
A estas dos empresas les siguen los inversores estatales de Oriente Medio. Qatar -tanto a través de su fondo soberano como de otras empresas o estructuras- ha invertido en España un total de 11.200 millones de dólares gracias a sus participaciones en Iberdrola, Colonial, El Corte Inglés y IAG (en este caso a través de Qatar Airways). Sus autoridades están ahora interesadas en aumentar su participación actual en Iberdrola del 8,5% al 10%.
El emirato de Abu Dabi (EAU) está muy interesado en la inversión directa, como demuestra su control de la petrolera española Cepsa a través de Mubadala. Su participación del 63% (Carlyle posee el resto) podría valorarse en unos 8.000 millones de euros.
Otra empresa del mismo emirato, Masdar, acaba de invertir 1.500 millones en dos operaciones de energías renovables en España: la compra del 49% de la cartera de activos de Endesa y la adquisición de Saeta Yield al fondo canadiense Brookfield. El peso de Abu Dabi en España habría sido aún mayor si su compañía energética Taqa hubiera seguido adelante con la compra de la empresa gasista Naturgy, que abandonó tras varios meses de negociaciones.
Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano saudí, entró en España el año pasado a través de Saudi Telecom Company (STC). Adquirió por sorpresa una participación del 9,9% en Telefónica en una operación de 2.000 millones de euros que aún está pendiente de autorización por parte del gobierno español.
Kuwait Investment Authority (KIA), el primer fondo soberano que visitó España hace 40 años, ahora está buscando oportunidades para su brazo inversor en infraestructuras Wren House. Esta empresa fue accionista de la eléctrica Viesgo y ahora reclama Nabiax, propietaria de los centros de datos que utiliza Telefónica.
Otro fondo soberano muy activo en España, especialmente en el sector inmobiliario, es GIC singapurense. El año pasado acordó comprar el 35% de Hotel Investment Partners (HIP), una cadena hotelera que pertenece a Blackstone. Esta empresa se valoró en unos 4.000 millones de euros. Además, GIC se asoció con el fondo español Azora en 2022 para empezar a invertir 1.500 millones de euros en la promoción de viviendas de alquiler en España. En Bolsa, este fondo asiático posee una participación del 7% en Cellnex.
Los planes públicos de pensiones canadienses no se consideran como fondos soberanos puros, ya que suelen operar con independencia de las administraciones públicas (federales o estatales), pero el Ministerio de Economía español los incluye en la lista de inversores públicos extranjeros. Omers of Ontario participa en la red española de oleoductos Exolum, Canadian Pension Plan adquirió el año pasado un 25% en FCC Medio Ambiente, PSP es propietaria del grupo de autopistas Roadis y OPTrust posee Globalvía.
Según los datos de Economía, la inversión directa de fondos soberanos extranjeros en España a finales de 2022 (excluyendo acciones y bonos cotizados) ascendía a 22.025 millones de euros. De esta cantidad, el 38% está en manos de inversores de Oriente Próximo, un 22% en otros fondos asiáticos, un 21% en fondos europeos y un 17% en fondos norteamericanos. Por sectores, los preferidos por estas instituciones en España son los de industria manufacturera, energía e inmobiliario.
Según el último informe de Icex sobre la actividad de estos inversores, España registró niveles récord de actividad de fondos soberanos durante 2022 y el primer semestre de 2023 en medio de la incertidumbre económica, geopolítica y social. En 2022, estos fondos completaron 11 operaciones en España con un valor total de 2.900 millones de euros, igualando el récord anterior establecido en 2014. El primer trimestre de 2023 también fue especialmente activo, destacando la colaboración entre NBIM e Iberdrola en energías renovables y la inversión de Mubadala en biocombustibles.
El sector inmobiliario y la tecnología fueron las áreas que atrajeron las inversiones más significativas en el último periodo. Mientras tanto, GIC planea invertir 1.500 millones de euros en viviendas de alquiler en España y Mubadala sigue invirtiendo en residencias de ancianos.
La entrada de STC en el accionariado de Telefónica y el veto a la OPA (oferta pública de adquisición) de Ganz-Mavag sobre Talgo pusieron de relevancia la sensibilidad de las autoridades españolas ante la aparición de inversores extranjeros controlados directamente o indirectamente por otros gobiernos. Aunque en los casos de Telefónica y Talgo cualquier inversor internacional debe ser autorizado a superar ciertos umbrales, las normas para las instituciones soberanas son más estrictas que para los inversores privados.
El decreto-ley de 2023, que regula el control de las inversiones extranjeras, suspende la libertad de compra en España por parte de empresas vinculadas a gobiernos extranjeros en cualquier industria, se considere estratégica o no. Dicho esto, hay una cláusula en la legislación que parece dejar fuera de las restricciones a fondos como los canadienses que operan de forma independiente. Esto ocurre si de la naturaleza del gestor del fondo y de las disposiciones legales o estatutarias relacionadas con el modelo de gobernanza se desprende claramente que su política de inversión es independiente y está centrada únicamente en la rentabilidad, sin ninguna influencia política de un tercer Estado.
