El 14 de abril de 2026, el Gobierno de España aprobó una reforma del Reglamento de Extranjería que abre la vía a la legalización extraordinaria de aproximadamente 500.000 migrantes que ya se encuentran en el país sin un estatus regularizado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las autoridades presentaron la medida como una respuesta a la “urgencia social” y como una forma de llevar al terreno legal a personas que ya viven y trabajan en España.
Según los materiales de la rueda de prensa y las aclaraciones posteriores, la principal novedad es la introducción del llamado arraigo extraordinario, así como de un mecanismo específico para los solicitantes de protección internacional que presentaron su solicitud antes del 1 de enero de 2026. Esto significa que la legalización afectará no solo a personas sin papeles que llevan tiempo viviendo en España, sino también a parte de quienes aún no han recibido una resolución definitiva sobre su expediente de asilo.
Condiciones principales:
- El solicitante debe encontrarse en España desde antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el país antes de presentar la solicitud.
- Es obligatorio carecer de antecedentes penales.
- Las autoridades subrayan además que el solicitante no debe representar una amenaza para el orden público.
- Debe acreditarse al menos uno de los siguientes supuestos: vínculo laboral o plan de empleo, familiares en España o vulnerabilidad social.
La presentación telemática de solicitudes comienza el 16 de abril de 2026, la atención presencial arranca el 20 de abril y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Una vez admitida la solicitud a trámite, el migrante podrá trabajar legalmente de forma temporal incluso antes de la resolución definitiva. Este es uno de los puntos prácticos más importantes de la reforma, porque ofrece a las personas la posibilidad de salir de inmediato de la economía sumergida. El plazo máximo de resolución es de 3 meses; si no hay respuesta, la solicitud se considerará rechazada por silencio administrativo.
Para tramitar un volumen tan elevado de solicitudes, el Estado no recurrirá solo a los servicios de extranjería. Las autoridades también implican a Correos, así como al grupo público TRAGSA y a su filial TRAGSATEC, para la recepción y el apoyo técnico en la tramitación de documentos.
Por su magnitud, esta es una de las reformas migratorias más importantes de España en las dos últimas décadas. La última gran regularización tuvo lugar en 2005 y afectó a más de 576.000 personas.
