El Parlamento español ha rechazado una proposición de ley del partido independentista catalán ERC que pretendía «combatir» la supuesta «especulación» en el mercado inmobiliario mediante la creación de un impuesto sobre la compra de vivienda a partir del tercer inmueble. El apoyo total del PSOE y de todos los socios de la coalición de izquierdas no fue suficiente para contrarrestar los votos en contra del PP y Vox, mientras que PNV y Junts optaron por la abstención.
La iniciativa de ERC y los objetivos del impuesto
Los promotores de la iniciativa sostenían que el mercado inmobiliario español se ha convertido en un «refugio» para los inversores y que la única vía para garantizar el derecho a la vivienda no pasa por aumentar el ritmo de construcción, sino por una mayor intervención del Estado. El plan fiscal de ERC para contener la «especulación» buscaba penalizar la acumulación de viviendas en manos de grandes propietarios mediante un recargo adicional a partir de la tercera vivienda.
Carga fiscal propuesta
Según el texto, la compra de un tercer inmueble implicaría pagar, además del IVA correspondiente, un 4% adicional sobre el precio de venta; la cuarta vivienda tendría un recargo del 8%, la quinta del 12% y a partir de ahí el tipo aumentaría en 5 puntos porcentuales por cada inmueble adicional. La propuesta incluía también una rebaja de los impuestos a la compra de vivienda para los jóvenes, la eliminación de los beneficios fiscales para las denominadas socimis – sociedades cotizadas dedicadas a la inversión inmobiliaria –, la subida del IVA al 21% para los apartamentos turísticos y el aumento del tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inuebles (IBI) en las viviendas de grandes propietarios que no constituyan su residencia habitual.
Postura de los opositores al proyecto
Los detractores de estas medidas las calificaron de «populismo fiscal» que no resolvería el problema de acceso a la vivienda y que, por el contrario, podría reducir el atractivo de las inversiones en zonas rurales y en áreas de baja demanda. Además, advirtieron de que este tipo de medidas inviables contribuiría a «criminalizar» a los pequeños propietarios y eliminaría los incentivos para las empresas dispuestas a impulsar el alquiler asequible.
